APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS
Ante la
imposibilidad de pagar una deuda con la Administración Tributaria o la Hacienda
Estatal, el administrado puede solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de
la misma con los límites y requisitos establecidos en el art. 44 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación.
Estos
requisitos pasan por justificar la imposibilidad transitoria del pago de la
misma, aportando los documentos que se estimen necesarios, facilitando un
número de cuenta y proponiendo una serie de plazos para el pago que deberán ser
aprobados por la administración.
Hasta
octubre de 2015, todas las deudas superiores a 18.000 € debían ser garantizadas
mediante aval o garantía equivalente para que se aprobara su aplazamiento o
fraccionamiento.
Con la Orden
HAP 2178/2015 de 9 de octubre, dicho se elevó a 30.000 €, de manera que las
deudas inferiores a esta cantidad, pueden ser aplazadas o fraccionadas sin
necesidad de aportar garantía.
Asimismo, el
interés de demora aplicable en estos casos se ha bajado del 4.375% existente en
2015 al 3.75%
Además de
las garantías tradicionales de aval bancario, sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución, cabe la posibilidad de aportar garantías
inmobiliarias mediante la presentación de hipoteca unilateral a favor de la
administración de un bien inmueble, cuyo valor sea superior a la deuda
garantizada mas intereses de demora y gastos.
En los casos
de hipoteca unilateral el contribuyente se ahorra los gastos bancarios por la
emisión del aval, no obstante, deberá tener en cuenta, los gastos de
constitución de la hipoteca en escritura pública ante notario y su inscripción
en el registro de la propiedad, aunque generalmente estos gastos son inferiores
a los bancarios.
Lo más
importante en estos casos es solicitar el aplazamiento o fraccionamiento ya sea
en periodo voluntario o ejecutivo, dentro de los plazos previstos y con las
condiciones y requisitos establecidos en la ley, por lo que lo más recomendable
en estos casos es acudir a un abogado especialista en derecho tributario y
administrativo.
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